Salvo sorpresa meteorológica (mayo y junio no son meses lluviosos) y consiguiente cambio en la situación de los embalses, las durísimas restricciones impuestas a la campaña de riego no impedirán que la Cuenca acabe a su término en situación de emergencia. De hecho, la previsión del organismo de cuenca es que este estado se alcance ya en el mes de julio. Verdaderamente preocupante.
La parte “positiva”, dicho sea con todas las comillas del mundo, es que el paso al nivel de emergencia conlleva automáticamente el inicio del procedimiento de declaración de sequía, lo que significaría la aprobación de ayudas fiscales a las zonas regables más afectadas, unas ayudas que, debemos subrayar, en ningún caso compensan los gravísimos perjuicios económicos a los que se verán sometidas.
Otro gallo nos cantaría en este momento si las administraciones hubieran hecho las inversiones que durante largo tiempo venimos demandando para aumentar la capacidad de regulación, ante la evidencia de que solo actuando con la demanda no es suficiente. Durante la Comisión de Desembalse, nuestro presidente, José Manuel Cepeda, subrayó esta marginación inversora del regadío por parte de las administraciones y volvió a insistir en la importancia de la puesta en marcha del bombeo de la Breña II, que duerme el sueño de los justos a pesar del importante montante gastado en su día en esa obra.
Al respecto, el presidente de la CHG señaló que están en negociaciones con ACUAES para hacerse cargo de la gestión íntegra de este embalse. Una música que nos suena genial, si no fuera porque la llevamos escuchando (y demandando) durante muchos, pero muchos años, sin que hasta el momento se hayan producidos avances reales.