Vencido el plazo para la presentación de candidaturas a la Presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), la del actual presidente, Javier González de Lara, es la única que concurre. Lo hace con el respaldo de 264 avales, que representan el 72% del censo electoral de la Asamblea de la patronal andaluza. Los Estatutos de CEA fijan en 50 los avales necesarios para presentar candidatura.
De conformidad con los Estatutos de CEA, queda proclamada la única candidatura que concurrirá a la Asamblea Electoral del próximo 9 de marzo. Así, González de Lara opta a un tercer mandato de cuatro años al frente de la Confederación, que encabeza desde enero de 2014. El apoyo de 264 representantes de la Asamblea General pertenecientes a 50 organizaciones miembros de pleno derecho de CEA insiste en la candidatura de unidad de González de Lara. La Junta Directiva y el Comité Ejecutivo de la patronal ya expresaron semanas atrás un acuerdo unánime sobre la continuidad de su liderazgo y representación del tejido empresarial andaluz.
Tras la Asamblea Electoral de CEA, prevista desde las 12:00 horas del próximo miércoles en la sede de la patronal en Sevilla, el acto de toma de posesión del presidente electo contará con la participación del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno; el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi; y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Gerardo Cuerva.
Como ya se ha señalado, Javier González de Lara (Málaga, 1963) fue elegidopresidente de CEA en 2014 y reelegido por aclamación en marzo de 2018. Abogado y empresarios está también al frente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM). Es vicepresidente de CEOE y presidente de la Sociedad de Garantía Recíproca GARÁNTIA. Su programa para un tercer mandato subraya el compromiso de CEA por aportar estabilidad al contextoactual trabajando, desde una organización participativa y eficiente, por la defensa y la promoción de la libertad de empresa y el desarrollo de un marco legal favorable a la inversión y al empleo y, con ellos, a una Andalucía más productiva y competitiva.