CCOO considera que el Plan Especial de Ordenación de la Corona Forestal de Doñana es fruto de un gran acuerdo político, social y ecológico y que no merece que esta proposición de ley de las derechas andaluzas lo desnaturelicen con esta iniciativa legislativa, porque además esta proposición de ley por vía de urgencia supone un engaño a la comarca y al sector agrícola afectado porque es la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la que lo descalifica al entrar en clara contradicción con el plan hidrológico de la demarcación, puede suponer nuevas sanciones de la Unión Europea, además de la advertencia de la Unesco de incluir a Doñana en la “lista negra” del catálogo de Lugares Patriminonio de la Humanidad, algo que el sindicato califica como una catastrofe en caso que llegase a ocurrir.
CCOO ha alertado de los riesgos que para el Espacio Natural Doñana implica esta proposición de ley, pero también para el prestigio del sector de los frutos rojos de Huelva y de todo el sector agrícola que se esfuerza por hacer las cosas bien, además de haber partido en dos el sector agrario de la comarca.
Dentro de las soluciones el sindicato plantea que es partidario que se busquen soluciones para aquellas explotaciones agrarias, en especial para los pequeños agricultores, con las que se haya podido cometer algún error en la tramitación del Plan Especial, e igualmente ha solicitado la finalización del trasvase completo de 19,99 Hm3, aprobado mediante una ley nacional en 2018, desde la demarcación del Tinto Odiel Piedras a la comarca del Condado para garantizar el agua en superficie para regadíos y abastecimiento urbano.
No obstante el sindicato cree que este problema es una oportunidad para iniciar el debate hacia la necesidad de una transición hídrica justa con criterios sociales en Andalucía que avance hacia un modelo de agricultura y ganadería familiar, profesional y sostenible en el territorio.
Finalmente CCOO ha realizado un llamamiento para retornar al camino del acuerdo para salvaguardar el valor ambiental de Doñana, garantizar el futuro sostenible del sector de los frutos y mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras del campo que son los grandes olvidados en este debate.