En un momento de graves dificultades económicas como el actual, donde los productores ganaderos están sufriendo sobre manera las limitaciones impuestas al Canal Horeca, ya que están dejando de comercializar buena parte de sus producciones, una nueva amenaza se cierne sobre ellos. La aplicación de los criterios de convergencia diseñados por el ministerio de Agricultura, especialmente lesivos para las explotaciones mixtas (agricultura y ganadería), va a suponer un auténtico mazazo para las economías de buena parte de ellos que en muchos casos verán perder su rentabilidad y se verán abocados al cierre de las explotaciones.
Esto afectara tanto a un productor de vacuno extensivo de Cádiz, que perderán hasta un 20 % del importe de las ayudas que recibe, como a un ganadero de ovino y caprino de Castilla- La Mancha, que sufrirá un recorte de media del 16%, o un ganadero de leche de Asturias que puede ver recortada su ayuda hasta un 18%. Se puede llegar a estas reducción o incluso mayores en explotaciones beneficiarias de derechos especiales (que no estaban ligadas a la superficie) en el caso de concentración de derechos en un número reducido de hectáreas o como consecuencia de la aplicación del coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) en la delimitación de las hectáreas elegibles a Pago Básico.
Especialmente sangrante puede resultar el caso de jóvenes agricultores que se han incorporado comprando derechos disponibles con valores elevados y que han visto frustrada su inversión como consecuencia de la aplicación de estos índices de convergencia.
Por todo ello, ASAJA considera necesario que se reconduzca el Real Decreto en el sentido que ya hemos manifestado en el periodo de alegaciones para dar continuidad a una convergencia interna mucho más moderada y ya conocida por los propios beneficiarios. De cara a la reforma de 2023, el ministerio también debería plantear medidas tendentes a compensar las reducciones de los pagos directos mediante mecanismos previstos como son los ecoesquemas adaptados a los sectores afectados.